Ceremonia de coronación de Felipe VI
A finales de septiembre, las noticias
hablaban para 2015 del primer aumento del gasto militar en siete años,
concretamente un discreto 0,4%. Sin embargo, diversos colectivos antimilitaristas llevan años denunciando los diversos métodos contables que sirven para encubrir el alcance de los gastos militares en los presupuestos generales del Estado.
El Ministerio de Defensa prevé gastar 5.767 millones de euros en 2105. Sin embargo, un informe del Colectivo Utopía Contagiosa, apoyado por organizaciones como Ecologistas en Acción o el Grupo Antimilitarista Tortuga, denuncia que estas
cifras esconden sólo una pequeña parte del gasto militar del Estado,
que ascenderá, según afirman, a 23.373 millones de euros.
Estas cifras esconden sólo una pequeña parte del gasto militar del Estado, que ascenderá a 23.373 millones de euros
Estos colectivos denuncian que el 75,32% del gasto militar de 2015 “permanece deliberadamente oculto a
la sociedad mediante la estrategia de falseamiento de los presupuestos
llevada a cabo por los sucesivos gobiernos”. Según los autores del
informe, la magia presupuestaria permite “camuflar” en 12 ministerios,
la Casa Real, Centros Universitarios de la Defensa y otros tipos de
gastos nada menos que 17.606 millones de euros.
El discurso oficial que habla de una
continua reducción del gasto militar, denuncia el Colectivo Utopía
Contagiosa, no sólo esconde los gastos militares ocultos en otros
ministerios sino también un crecimiento de la desviación entre lo presupuestado y lo finalmente gastado.
Si esta diferencia se había mantenido por debajo del 15% hasta el 2011
(1.144 millones de euros de diferencia), en el primer año de la llegada
del Gobierno del PP, el abismo entre lo previsto y lo realmente pagado a
final de año había trepado hasta el 45% (2.826 millones de euros de
diferencia).
Mientras que el declarado oficialmente
como gasto militar se destina fundamentalmente a pagar al personal
militar del Ejército, el “disfrazado” se utiliza en materias tan
diversas como las subvenciones a la industria militar, la adquisición de
amas, los presupuestos de la Guardia Civil, los pagos de
compromisos con la OTAN y con la política militar de la UE, los
satélites espía, los viajes de militares al exterior, tropas y
materiales desplazados a los conflictos internacionales, vigilancia
marítima, “sin olvidar el grave capítulo de endeudamiento para la
adquisición de sofisticados e innecesarios programas especiales de
armamento”, señalan en el informe.
Ahora bien, si sumamos el gasto militar
oculto y declarado al resto de partidas que en el informe denominan de
“control social” integradas en el Ministerio del Interior, como pueden
ser las cárceles, la cifra destinada a la llamada “seguridad”,
tanto interna como externa, asciende a 28.066 millones de euros, o lo
que es lo mismo, 603 euros al año por cada persona habitante.
Todas estas cifras son especialmente
graves en un “contexto de gasto restrictivo”, afirman, sobre todo cuando
según los documentos de planeamiento militar vigentes “España no tiene enemigos”.
Para los autores, todos estos datos dejan entrever “un condicionamiento
de la política general por la prevalencia otorgada al control social y
al militarismo”.
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