“EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Y PERIODISMO BASURA” (por David Bravo)
Hace unos meses el programa de La Sexta “Equipo de Investigación” se puso en contacto conmigo para entrevistarme. Les dije que encantado, que cuando quisieran. No tardaría mucho en arrepentirme.
DAVID BRAVO DENUNCIA QUE EL PERRODISMO DE LA SEXTA APESTA DESDE CERCA Y DESDE LEJOS
La primera voz de alarma sobre el color amarillo del programa que se
preparaba y de sus intenciones propagandísticas me la dio la llamada de
una de sus reporteras, que quería preguntarme, según decía, sobre las
batallas legales entre las páginas de enlaces y las grandes majors del
entretenimiento.
Yo le adelanté lo que consideraba más importante: las resoluciones
de los jueces favorables a las páginas de enlaces, la llegada de la Ley
Sinde apartando a los jueces para que el Ministerio de Cultura
rearbitrara esos asuntos, las modificaciones de Lasalle, que hacían aún
más peligrosa a la Ley Sinde…
Cuando terminé, a la periodista que estaba al otro lado del teléfono
le faltó bostezar. Tras contarle historias que a cualquiera con unos
mínimos cimientos le haría al menos levantar la ceja, su pregunta tras
mi retahíla se redujo a: “Sí, pero ¿cuánto dinero ganan las páginas esas?”
Pese a todo, me animé a decirles que fijaran un día para la
entrevista. Pensé ingenuamente que sería capaz de despertarles el
interés en lo que considero que son los grandes temas, es decir, cómo en
España se ha conseguido pasar la mano por la cara a los jueces, sólo
porque al Ejecutivo no le gustaban sus resoluciones.
Como digo, tardé poco en dar un paso atrás y decidir no aparecer en
el programa. Comenzaron a llamarme administradores de páginas de
enlaces, diciendo que habían recibido un email donde le invitaban a una
entrevista en el programa y en el que le prometían que ellos no iban a
opinar, que se limitarían a “dar voz a todo el mundo” y que lo que pretendían era “demostrar que hay otras vías”.
Finalmente el programa ha sido pura
propaganda y como ese resultado era bastante previsible, nadie picó. Los
administradores de las webs rechazaron el ofrecimiento, conscientes de
que el programa es de esos que se restriegan en el sensacionalismo,
abusando de la música de suspense, el efectismo y la narración con voz
afectada.
Juan José, administrador de varias webs de enlaces, también se negó,
pero dio igual porque se topó con las cámaras de la Sexta en su casa.
En un momento estelar del programa, Gloria Serra cuenta que los
aguerridos reporteros se jugaron el tipo cogiendo una avioneta para
tratar de encontrar a Juan José.
Tras las imágenes de los reporteros montándose en una avioneta que
parece sortear como puede una ventisca, vemos que al final toda esa
parafernalia era para ir a un pueblo de… Huelva.
Juan José no quería hablar pero, como ellos insistían, me llamó por
teléfono para que le diera mi opinión. Yo, que ya había tenido noticias
de por dónde iban, le recomendé que no dijera nada.
El reportero que iba a entrevistarle cogió el teléfono y me dijo que
querían enseñar al menos el lugar donde trabajaba Juan José, para
demostrar que “allí no se violan niños, que es un sitio normal“.
EL COPYRIGHT NO PROTEGE AL AUTOR SINO A QUIENES EXPLOTAN AL CREADOR
Yo, que en ese momento dio la casualidad de que no me estaba
chupando el dedo pulgar, le insistí en lo mismo y le pedí que por favor
le devolviera el teléfono a mi cliente.
Juan José, más joven y más ingenuo de lo que la imagen de los
piratas nos evoca, habló con ellos brevemente para contarle su caso con
la condición de que se hiciera sin cámaras, sólo para que ellos pudieran
tener orientación de primera mano. Ellos aceptaron, él habló, y le
grabaron con cámara oculta por la espalda.
Después se pasearon por su pueblo preguntando a sus vecinos que cómo
era, que si usaba coches caros, que qué pensaban de él y sus
tejemanejes piratas. Los vecinos dijeron que ellos no sabían, que era un
chico normal, que cuando se cruzaban con él siempre saludaba.
En el programa se retrata a Juan José como un pirata, como alguien que gana dinero con las obras de otros porque sabe “cómo manejarse al límite de la ley”.
No se dice, pese a que lo sabían porque yo se lo conté, que su caso
es el único que ha sido ya llevado a los tribunales penales y civiles y
que le absolvieron porque concluyeron que su actividad no era piratería,
y que lógicamente daba igual el dinero que ganara con esa actividad no
delictiva.
No contaron tampoco que, en la vía civil, SGAE terminó retirando la
demanda cuando el juez adelantó en su Auto denegatorio de medidas
cautelares que la actividad de Juan José no infringía derecho de
propiedad intelectual alguno.
No se cuenta que la única sancionada en ese procedimiento fue la
SGAE, la demandante, a la que el juzgado multó por mala fe procesal. El
programa tenía toda esta información, pero prefirieron silenciarla
porque no casaba bien con el mensaje que se querían trasladar.
Como he dicho en otras ocasiones, se llama “etapa prelegislativa” a aquella fase en la que se procura mostrar públicamente la aparición de una disfunción social que merece una reforma legal.
Esa disfunción puede ser real o ficticia. Como dice Díez Ripollés “la
frecuencia con que en el ámbito político-criminal se trabaja con
disfunciones sociales aparentes, esto es, con representaciones de la
realidad social desacreditadas por los datos empírico sociales, no
debería subestimarse“. Estamos justo en esa etapa.
La reforma del Código Penal impulsada por Gallardón y la reforma de
la Ley de Propiedad Intelectual son un cañón de tal calibre, que
necesitan un enemigo temible que lo haga justificable.
Sólo convenciendo a los ciudadanos de que el enemigo acecha y de que
es poderoso se conseguirá que consientan ceder parte de sus derechos y
de su seguridad jurídica para combatirlo.
La Sexta ha perseguido a los que llama piratas para que sean
aceptables unas reformas legales que solo benefician a emporios
mediáticos como los que sostienen ese mismo programa.
Se han olvidado de contar que personas a
las que han retratado como piratas han sido absueltas, que ya es más de
lo que puede decir La Sexta, condenada en febrero de 2013 por el
Tribunal Supremo por infringir derechos de propiedad intelectual.
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