Soberanía denuncia al Rey y a Felipe González por su participación en el golpe de Estado del 23F

En un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción de Guardia, al que ha tenido acceso Vegamediapress, el partido Soberanía formula denuncia contra Felipe González, y tambien contra "Juan Carlos de Borbón y Borbón" por su cooperación, hasta ahora secreta, en los hechos del 23F de 1981.

La denuncia por el delito de rebelión, el cual compete juzgar a la Audiencia Nacional, se dirige contra Felipe González apoyándose en los datos desvelados por la investigación de Pilar Urbano, según la cual González era el vicepresidente del Gobierno propuesto en el golpe militar frustrado que dirigió el general Armada. La denuncia  se formula la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno propuesto por el general Armada, donde aparecía aquel como vicepresidente?. La denuncia sostiene que ello no obsta a que se llame a declarar, en principio, al denunciado en calidad de testigo para aclarar si tuvo cooperación con el general Armada aceptando el cargo de vicepresidente de un futuro gobierno salido del golpe del 23F.

Al Rey le denuncia Soberanía porque según las informaciones desveladas por Pilar Urbano el verdadero jefe de la operación militar, el "elefante blanco" y señala la denuncia que no es obstáculo el hecho de que el Rey tenga reconocida la inviolabilidad en la Constitución, pues bien puede acudir como testigo a esclarecer los hechos o bien se puede interpretar que el oficio de Jefe de Estado no le autorizaba bajo el principio de inviolabilidad para diseñar golpes de Estado para cambiar gobiernos al margen de los procedimientos democráticos.

Sobre la posible prescripción del delito por haber pasado más de 20 años desde los hechos, la denuncia razona que la prescripción exime del castigo pero no de la investigación, que es necesaria para dar efectividad al derecho al sistema democrático garantizado por el artículo 23 de la Constitución, que precisa aclarar todo lo ocurrido en torno a aquella intentona cuya versión oficial ha resultado ser un fraude. La denuncia señala que se investigó a Garzón por el Supremo en el caso de los patrocinios de Nueva York por el Santander y otras entidades, pese a que posteriormente se apreció la prescripción por unos datos que ya llevaban mucho tiempo en el sumario aportados, o que se está tramitando la extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas a Argentina pese a que las presuntas torturas ocurrieron en 1969 por lo que ya están prescritas.

El Juez Central de Instrucción al que corresponda la denuncia tiene que decidir si la admite a trámite y ordena una investigación sobre la trama oculta del 23F que hasta ahora ha permanecido en el silencio, o archiva la denuncia al no considerar de relevancia penal los hechos. La denuncia termina diciendo "Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico partidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo, cooperando con un golpe militar del que se nos presentaban como salvadores".