Que aforen a Marhuenda

Mientras esto sucede los ciudadanos cada día nos sentimos más como unos hijos menores de Heraclio Fournier, situados en esa parte de la baraja que solo vale para descartes.

El diario "La Razón", un rotativo que limita su concepto de libertad a la ausencia de esclavitud, dedicó ayer cinco de abril el editorial (Aforamiento pertinente) a la posible inclusión de la reina, el príncipe y su esposa en el club de los aforados, un club que ya cuenta con 10.000 socios. Ni que decir tiene que el periodico apoya la iniciativa del Ministerio de Justicia, aunque para justificar su apoyo no tenga ningún reparo en considerarnos a todos como recién salidos de un parvulario con el Catón y el Catecismo como únicos inquilinos de nuestra mochila.

 

Nos dice que "...el aforamiento procede del concepto del fuero, no es un privilegio en si mismo ni concede inmunidad alguna", olvidando que sin normas, derechos y privilegios cualquier fuero no tiene razón de ser y así ha venido siendo desde la Edad Media y también de que en una Constitución democrática no tienen cabida los privilegios ni la inmunidad, aunque la española siga conteniendo ese bochornoso párrafo tercero de su Artículo 56 que permite, además de la inviolabilidad del rey, la imposibilidad de que se le exijan responsabilidades de ningún tipo, esto teniendo en cuenta que es Jefe del Estado además de un privilegio es una aberración que solo se puede encuadrar dentro de un régimen totalitario.

 

Volviendo al asunto el editorial afirma, sin ningún pudor, que "...el aforamiento es un mecanismo de protección para la recta aplicación de la Justicia.....se considera que un órgano colegiado, como es el Tribunal Supremo es mucho menos permeable a las presiones de todo tipo, políticas, pero, también, mediáticas o ideológicas, que un organismo unipersonal como es el juez de Instrucción". Sobre lo anterior se pueden efectuar varias lecturas y extraer también varias conclusiones, pero la que primero se me viene a la cabeza es la duda sobre si efectivamente estamos viviendo dentro de un estado de derecho. Considerar, como hace el editorial, que la recta aplicación de la justicia, de las actuaciones de los jueces, necesita de mecanismos de protección ya de por si es altamente preocupante, que esos mecanismos solo puedan ser disfrutados por diez mil españoles es altamente injusto. Afirmar que el sistema judicial español, Tribunal Supremo incluido, es permeable a presiones externas, haciendo incapié en que los jueces de Instrucción por el hecho de ser unipersonales son menos imparciales en su trabajo es una bofetada a la carrera judicial, a la justicia y a los ajusticiables y ajusticiables somos todos menos al Rey.

 

Nos sigue diciendo que "el aforamiento en algunos casos puede perjudicar las opciones de defensa de los aforados al eliminar las posibilidad de recurso ante instancia superior", sin decirnos que en el Tribunal Supremo la admisión a trámite de una querella presenta muchas más dificultades que si se efectúa en un Juzgado de Instrucción, circunstancia que ya de por si juega en favor del denunciado. Por otro lado olvida que las sentencias del Supremo si bien no admiten recurso en más instancias judiciales españolas, si así fuera el tribunal no seria Supremo, si pueden ser estudiadas por el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entre otros. Además, ¿a que mayor garantía de justicia puede aspirar un reo si su caso se ventila en el Tribunal Supremo?, y a nivel general ¿cuantos ciudadanos españoles pueden permitirse disponer de  los recursos económicos necesarios para llegar al Supremo?

 

Continua su lección magistral afirmando que la no inclusión de la Reina y los Príncipes de Asturias como aforados "es una disfunción en nuestro ordenamiento jurídico" y que "...es un absurdo que las personas que ejercen funciones en el ámbito de la Jefatura del Estado estén excluidas del aforamiento". Según lo anterior por que no aforar también al secretario del Rey, al jefe de la Casa Real o al chófer del monarca. Nuestra Constitución no atribuye a los Principes de Asturias ni la la reina consorte ninguna función constitucional salvo en caso de Regencia (Art.58), por tanto ¿a que funciones se refiere La Razón?. Teniendo en cuenta que el director de La Razón, Francisco Marhuenda lleva desde 1995 sirviendo fielmente a Mariano Rajoy y al Partido Popular, tanto desde cargos públicos, nombrado en todos a dedo por su amigo Mariano, como de insufrible vocero demagógico del PP y azote de la izquierda democrática a modo de trasnochado Guerrero del Antifaz, ¿por qué no aforarlo junto con el periodico que dirige?. Sería una aberración ¿verdad?, pues tanto como aforar a unas personas cuyo único mérito es, en el caso de la Reina haber contraído matrimonio con el delfín de un dictador en pleno apogeo de la dictadura (1962), y en el caso del Príncipe de Asturias ser hijo del anterior matrimonio, nombrado heredero a un trono aún siendo el tercero en la línea sucesoria, vulnerando de forma indecente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres que nuestra Constitución establece.

 

Por supuesto Marhuenda y su diario poco valor dan a la Constitución cuando califican de absurdo el hecho de que la Reina y los Príncipes de Asturias no estén aforados, olvidando conscientemente que la propia Constitución niega este aforamiento en su artículo Artículo 14:

Los españoles son iguales ante la ley, si que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Un artículo corto y fácil de leer e interpretar , pero que puede que sea uno de los que más se vulneran cada día en España. Mientras esto sucede los ciudadanos cada día nos sentimos más como unos hijos menores de Heraclio Fournier, situados en esa parte de la baraja que solo vale para descartes mientras esperamos ganar en un singular y amañado juego de tute en el que el As, la democracia, recupere su mayor valor ante el Rey y así poder acabar una partida que ya dura demasiado.