El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona aprecia
indicios de delito en la colocación de una gran ikurriña antes del
chupinazo de los Sanfermines de 2013, porque, según cree, puso en "grave
riesgo la integridad física de las miles de personas que se encontraban
en la plaza".
Agencias
Según expone el juez en un auto, que puede ser recurrido, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el orden público.
El magistrado apreció indicios de criminalidad contra siete imputados (Miguel Valdivielso Jiménez, Iker García Castell, Ignacio Barriuso Osés, Íñigo Balbas Ruiz, Xabier García Castell, Josué Gracia Altamira e Íñigo Ramallo Manzano) y emplazó al Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas a que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
En el auto se relata cómo, supuestamente, los imputados colocaron, desde los tejados de dos edificios cercanos, justo delante del Ayuntamiento y a escasos metros del mismo, una ikurriña de grandes dimensiones (5,54 por 6,50 metros) que tapaba parcialmente la fachada, incluido el balcón desde el que se iba a lanzar el cohete iniciador de las fiestas, lo que provocó un retraso en este acto de veinte minutos.
Este hecho, se indica en el auto, "puso en grave riesgo" la integridad física de las miles de personas congregadas en el lugar, bien por el riesgo de que la bandera cayera sobre los asistentes o por el retraso en el lanzamiento del chupinazo.
Estas circunstancias, unidas "al abarrotamiento de la plaza y al estado en que se encontraban muchos de los asistentes", hizo que el riesgo para los congregados "fuera notablemente superior al que existe cuando el chupinazo se desarrolla sin retraso".
Es obvio, no sabían que inventar para poder juzgar a los responsables de la acción, ya que, todavía, mostrar una ikurriña en Nafarroa no es delito, y han salido con una de sus típicas y surrealistas vueltas de tuerca "made in Spain". Justicia y tal, que lo llaman ellos...
Según expone el juez en un auto, que puede ser recurrido, estos hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el orden público.
El magistrado apreció indicios de criminalidad contra siete imputados (Miguel Valdivielso Jiménez, Iker García Castell, Ignacio Barriuso Osés, Íñigo Balbas Ruiz, Xabier García Castell, Josué Gracia Altamira e Íñigo Ramallo Manzano) y emplazó al Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas a que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
En el auto se relata cómo, supuestamente, los imputados colocaron, desde los tejados de dos edificios cercanos, justo delante del Ayuntamiento y a escasos metros del mismo, una ikurriña de grandes dimensiones (5,54 por 6,50 metros) que tapaba parcialmente la fachada, incluido el balcón desde el que se iba a lanzar el cohete iniciador de las fiestas, lo que provocó un retraso en este acto de veinte minutos.
Este hecho, se indica en el auto, "puso en grave riesgo" la integridad física de las miles de personas congregadas en el lugar, bien por el riesgo de que la bandera cayera sobre los asistentes o por el retraso en el lanzamiento del chupinazo.
Estas circunstancias, unidas "al abarrotamiento de la plaza y al estado en que se encontraban muchos de los asistentes", hizo que el riesgo para los congregados "fuera notablemente superior al que existe cuando el chupinazo se desarrolla sin retraso".
Es obvio, no sabían que inventar para poder juzgar a los responsables de la acción, ya que, todavía, mostrar una ikurriña en Nafarroa no es delito, y han salido con una de sus típicas y surrealistas vueltas de tuerca "made in Spain". Justicia y tal, que lo llaman ellos...
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