El recetario económico de la formación de Pablo
Iglesias toparía con la Constitución, supondría incrementar de forma
abismal el gasto público, espantaría a los inversores y cerraría el
acceso a los mercados internacionales. También se multiplicaría la
evasión de capitales ante la mayor presión fiscal.
Una mayor intervención del Estado en la economía y reorientar la
política económica hacia el gasto social. Así puede resumirse la
propuesta de Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias y cuyo
respaldo social está creciendo rápidamente desde que el pasado mes de
mayo diese la campanada al lograr cinco eurodiputados. El programa
«colaborativo» (elaborado a partir de aportaciones enviadas por algunos
simpatizantes) presentado entonces contenía algunas propuestas que
posteriormente han sido matizadas por sus dirigentes, a las que se han
sumado medidas surgidas de la Asamblea Ciudadana en la que la formación
se halla inmersa para organizarse como partido político. La suma de esas
prioridades y los pronunciamientos de los portavoces más destacados de
la formación consustancian un programa de tintes radicales, que tendría
consecuencias enormemente graves para la economía española y que según
los expertos consultados no sería aplicable. Las principales son:
