En el valor está la victoria
La "locura" de Toledo es la "cordura" y la ceguera de quienes creen
vivir en un mundo justo y libre, o de quienes no quieren verdaderamente
que veamos luces al final de los túneles.
Su residencia en Cuba lo ha vuelto más lúcido de lo que ya estaba
cuando salió de la europeísima España ahogada en la mierda por obra de
la plutocracia “nacional” y de las oligarquías foráneas que imponen
miserablemente las políticas de grave destrucción social, demofóbicas,
fascistas y contrarias hasta al mínimo protagonismo de las clases
trabajadoras.
Todos los que lo insultan, aprovechándose para acusar a la Cuba socialista de las barbaridades e insultos a la dignidad de los seres humanos que se cometen a diario en un “Primer” Mundo que está a la retaguardia de todo lo que sea y parezca decente, deberían abandonar su hipocresía o, en su caso, quitarse las vendas de sus ojos para que la descarnada realidad les queme las retinas, ya que por ahora han demostrado que calladitos habrían hecho menos el ridículo.
Todos los que lo insultan, aprovechándose para acusar a la Cuba socialista de las barbaridades e insultos a la dignidad de los seres humanos que se cometen a diario en un “Primer” Mundo que está a la retaguardia de todo lo que sea y parezca decente, deberían abandonar su hipocresía o, en su caso, quitarse las vendas de sus ojos para que la descarnada realidad les queme las retinas, ya que por ahora han demostrado que calladitos habrían hecho menos el ridículo.
![La Policía investiga una trama corrupta de #jueces y administradores concursales
José L. Lobo 21/07/2014
#Anticorrupción encarga un informe a la udef
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (#UDEF), un cuerpo policial adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial y especializado en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, investiga desde hace varios meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra, la mayoría en el sector de la construcción. La trama, de la que presuntamente forman parte abogados, economistas, peritos y administradores concursales, actúa en supuesta connivencia con jueces de lo mercantil, según han revelado a El Confidencial fuentes de la investigación.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el empresario Antonio García, presidente del Grupo Inmobiliario Luxender S. L., que a finales de 2008, ahogado por la crisis del ladrillo, solicitó la declaración de concurso voluntario de acreedores. En su denuncia ante la UDEF, a la que ha tenido acceso este diario, García señala, entre otros, al economista José Luis Ramos Fortea y el abogado Abraham García Gascón, que fueron designados administradores concursales de Luxender por el entonces titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Luis Seller Roca de Togores.
Sede de Luxender, en el Paseo de la Castellana (G. Street View)Sede de Luxender, en el Paseo de la Castellana (G. Street View)
Este último forma parte del restringido circuito de jueces mercantiles que participan en conferencias y congresos, todos remunerados, organizados por los principales despachos de derecho concursal, a los que acuden con todos los gastos pagados y en días laborables. Esos mismos jueces adjudican luego a dedo algunos de los procedimientos concursales más codiciados a los patrocinadores de esos foros. Además de Seller Roca de Togores, también nutren ese exclusivo círculo Andrés Sánchez Magro, del Juzgado Mercantil 2 de Madrid; Santiago Senent, del 7 de Madrid; Juan Manuel de Castro, del 10 de Madrid; José María Tapia, del 1 de Burgos, o Víctor Fernández, del 1 de Palma, entre otros.
Liquidación "fraudulenta"
En su documentada denuncia ante la UDEF, García sostiene que Ramos Fortea y García Gascón, "valiéndose de la colaboración de otras personas externas al concurso", entre las que cita a abogados, economistas y ejecutivos bancarios, "han defraudado" a Luxender y la han llevado "al límite de la liquidación". Una liquidación que el tercer administrador concursal de la mercantil, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores de la compañía, ha calificado de "fraudulenta" en diversos informes entregados a la Agencia Tributaria y al actual titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante, Salvador Calero.
La investigación de la UDEF se centró, inicialmente, en la supuesta red corrupta urdida en torno al concurso de Luxender, de la que presuntamente formarían parte, además de Ramos Fortea y García Gascón, los administradores concursales Iván Cristóbal, José Antonio Doménech, Fernando Polanco, Jorge Pastor y José Luis Silvestre, junto al perito Pablo García Llorens y los abogados Javier Oñate y Enrique Naveros, según las fuentes consultadas. Todos ellos mantienen entre sí estrechos vínculos profesionales dentro del circuito de los concursos de acreedores en casi todo el territorio nacional, como puede verse en el cuadro anexo, y cuentan con despachos en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de una denuncia en la que un empresario acusaba a dos administradores concursales -un economista y un abogado- de haber vaciado su empresa
La UDEF, sin embargo, ha ampliado el radio de sus pesquisas a decenas de concursos de acreedores en los que han intervenido los mismos administradores concursales de Luxender, al sospechar que la presunta red corrupta podría haber seguido idéntico modus operandi en empresas quebradas de toda España, según las fuentes de la investigación consultadas. La Fiscalía Anticorrupción ha encargado un informe a la UDEF, que estará listo a finales de agosto o primeros de septiembre, antes de decidir si remite las actuaciones a la Audiencia Nacional, aseguran las citadas fuentes.
Créditos ocultos
Ramos Fortea y García Gascón, dos de los administradores concursales de Luxender, ocultaron supuestamente de forma deliberada, en el informe concursal que entregaron al juez, derechos de cobro a favor de la inmobiliaria por valor de 23,6 millones de euros de Banco Guipuzcoano, Caixa Galicia, Banco Popular y CAM. Así, pese a que esta última adeudaba a Luxender 2,98 millones de euros en concepto de certificaciones de obra ejecutada y no pagada, Ramos Fortea, García Gascón e Iván Cristóbal negociaron directamente con directivos de la entidad –hoy Banco Sabadell– y detrajeron esa cantidad de la masa del concurso, beneficiando a la CAM en detrimento del conjunto de acreedores.
El tercer administrador concursal, Desiderio Soler, denunció repetidamente al juez Calero desde 2011 los "hechos irregulares ocurridos en el concurso, que pueden provocar un perjuicio aún mayor [a Luxender] del que ya han causado [los administradores concursales] si no se adoptan medidas cautelares al respecto por parte del juez". Y añadía: "El caso paradigmático es el de la CAM, que pretende ejecutar un préstamo hipotecario garantizado con 25 viviendas sobre las que existe un contrato de compra por esa entidad que fue aprobado por el Juzgado de lo Mercantil número 2. Es decir, que la CAM pretende ejecutar sus propias viviendas compradas".
En cuanto a Caixa Galicia, Soler apunta: "Esta entidad ha obrado de forma muy irregular, no sólo por autorizar el cobro de un cheque a sabiendas de que los perceptores no estaban autorizados y que las firmas no eran las legítimas, sino además por no hacer frente al pago de sus obligaciones, conociendo la situación de la mercantil, y aprovecharse de esto para ejecutar inmuebles. Se puede decir que el expolio causado por esta entidad ha sido espectacular", y que "ha realizado maniobras engañosas que han perjudicado enormemente a la concursada". La deuda de Caixa Galicia con Luxender ascendía a 5,25 millones de euros. Sin embargo, los administradores la ocultaron en su informe al juez.
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF ya emitió un informe en el que consta el pago por Caixa Galicia de un cheque de Luxender por importe de 294.212 euros a los abogados Naveros y Oñate, que cobraron fraudulentamente tras falsificar las firmas autorizadas de la inmobiliaria, con la connivencia de Ramos Fortea y García Gascón. Estos también falsearon supuestamente el informe concursal para aumentar a 116.000 euros los honorarios del perito García Llorens, que el juez había fijado en 60.000 euros; manipularon ese mismo informe para atribuir un salario de 222.919 euros a otro presunto miembro de la trama, Iván Cristóbal, por unas auditorías que jamás realizó, y ocultaron una deuda tributaria de Luxender de 6,39 millones de euros.
'Cortejar' a los jueces
La retribución de los administradores concursales está en función de los activos de la empresa en quiebra: a mayores activos, mayores honorarios. De ahí que muchos abogados y economistas cortejen a jueces mercantiles ofreciéndoles impartir conferencias y ponencias generosamente remuneradas en congresos y foros sobre derecho concursal, que generalmente se celebran en hoteles de lujo y en régimen de gratis total. A cambio de esos pagos en especie, los despachos profesionales confían en que los jueces les adjudiquen los concursos más jugosos.
El tercer administrador concursal de Luxender, Desiderio Soler, ajeno a la presunta trama y designado por los acreedores, ha calificado la liquidación de 'fraudulenta'
De los 9.660 procedimientos concursales que hubo en España el pasado año, 395 correspondieron a sociedades con un activo superior a 10 millones de euros, las piezas más codiciadas por abogados, economistas y consultores. Pero, según datos del Colegio Notarial, casi el 90% de las empresas que se acogen al concurso de acreedores acaba echando el cierre. Empresas concursadas y sus acreedores acusan de forma generalizada a los administradores de alargar los procesos, preferir siempre la liquidación antes que reflotar las compañías y, sobre todo, ponerse los primeros en la lista a la hora de cobrar.
El Gobierno acaba de anunciar que suprimirá la potestad de los jueces mercantiles para nombrar discrecionalmente a los administradores concursales. Esa modificación se introducirá en una enmienda a la ley de refinanciación y reestructuración empresarial que actualmente se tramita en el Congreso. La intención de esa enmienda es crear un registro o colegio de administradores con unos requisitos específicos para acceder a la figura de administrador concursal, así como unos procedimientos claros para su selección por los jueces.
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